Por Felipe Nayip Hasen N.
En nuestro planeta, no muchos consideran un dato importante de tomar en cuenta, y es que el 97% del agua en el mundo es salada; mientras que solo un 3% es agua dulce, de la cual gran parte está contaminada por la propia acción humana, no siendo apta para nuestro consumo. Y siendo Sudamérica, en especial Chile y su Patagonia, una de las mayores fuentes de agua dulce a nivel mundial, no es casualidad que la mayor parte de los cursos de agua y los ríos estén siendo privatizados y monopolizados a manos de unas pocas empresas transnacionales.
Foto: Lago Neltume. Fuente: Felipe Hasen
Es en parte a la influencia de éstos grupos empresariales, que se creó el “Código General de Aguas” en 1981 por la Dictadura Militar, y que dio paso a su vez a los derechos de agua “no consuntivos” especialmente pensados para la generación de hidroelectricidad, permitiendo que la empresa transnacional ENDESA, actualmente con capitales italianos (ENEL), sea dueña del 81 % del total de derechos de agua en nuestro país, y que a través de una campaña del terror orientada a la “crisis energética”, justifica la necesidad de aprobación de diversos proyectos mal llamados de “desarrollo” a nivel nacional.
En este momento, se está dando una voz de alerta urgente en relación a las comunidades mapuches de la zona precordillerana de Panguipulli (Región de los Ríos), en donde distintas iniciativas empresariales están invadiendo los territorios ancestrales a través de la exploración y explotación de los recursos hídricos, arriesgando la seguridad y plenitud de derechos de las comunidades locales. Estos proyectos, como en innumerables ejemplos a nivel nacional (Caso Ralco, caso Mehuín), son favorecidos por el Estado, en complicidad con los grupos de poder económico, frustrando, bloqueando, limitando y reduciendo los derechos reconocidos por el propio Estado en lo que se refiere al Convenio 169 de la OIT, que protege los derechos indígenas.
Buena parte de la obtención hidroeléctrica del Sistema Interconectado Central (SIC) podría concentrarse en la nueva Región de Los Ríos, figurando la comuna de Panguipulli como una de las más expuestas, con millonarios proyectos de centrales que encabezan ENDESA (Enel), Colbún y la compañía noruega SN Power,, con un plan de infraestructura que podría superar la media docena de plantas generadoras, en sectores como Reyehueico, Liquiñe, Pellaifa, Neltume y San Pedro. Todos, megaproyectos energéticos que impactarían en la calidad de vida, la sustentabilidad del territorio y la supervivencia de la cultura del pueblo originario mapuche de la zona.
Por su parte, ENDESA (Enel) pretende la construcción de una central hidroeléctrica denominada “Central Neltume”, que contempla la construcción de una bocatoma (Una barrera transversal) en el río Fuy de 7,8 m de altura, ubicada a 980 m aguas abajo del desagüe del lago Pirihueico (nacimiento del río Fuy), junto a una obra de aducción entre el río Fuy y la casa de máquinas de la central, de aproximadamente 10 km, y que terminara por descargar las aguas del río Fuy directamente al Lago Neltume, contemplándose como una central hidroeléctrica con una potencia instalada de 490 MW y una generación media anual estimada en 1.870 GWh (Ingendesa, 2010).
El caudal que captaría la posible “Central Neltume” en la bocatoma, fluye en su condición natural por el río Fuy, uniéndose al río Llanquihue aproximadamente 1,3 km aguas abajo del lago Neltume. Con la puesta en marcha del proyecto, este caudal será desviado y descargado al lago Neltume, cuyos niveles se verían afectados debido al aporte adicional de agua, alcanzando según estimaciones, el 90% del tiempo, cotas superiores a las naturales en el lago Naltume (Ingendesa 2010).
Éste proyecto alteraría de manera concreta la biodiversidad del lago, junto con inundar lugares de enorme relevancia simbólica y cultural de las comunidades mapuche de la zona, ya que la descarga de éstas aguas, se haría aproximadamente a 500 metros de la pampa de Nguillatuwe de la comunidad Juan Quintuman, ubicada en la ribera sur del lago Neltume, lugar donde se encuentra el rehue de la comunidad y que es utilizado para realizar una de las ceremonias más importantes de la ritualidad mapuche, como lo es el Nguillatún, asociado a la cohesión de la comunidad y al mantenimiento del equilibrio ecosistémico entre la comunidad, el individuo y la naturaleza, llevado a cabo preferentemente en meses de noviembre o diciembre.
Con esto se vería afectado no sólo el espacio “físico”, sino la relación entre la comunidad y su entorno, pues el Nguillatún es el punto de encuentro entre la comunidad y las divinidades, en donde se expresa la reciprocidad entre ambos, por medio del ritual y los actos que conlleva, como sacrificios de animales al lago y al volcán, ofrendas de sementeras y la comunidad reunida como un todo.
Junto a lo anterior, en el EIA del proyecto ,no se estipula la pérdida irreparable de la biodiversidad de flora nativa presente en el humedal existente en la ribera norte del lago Neltume (desembocadura del río Cua Cua), en donde se encuentra una gran variedad de hierbas y plantas utilizadas por las comunidades en usos medicinales. Al igual que en la totalidad de la ribera del lago en donde se encuentran éste tipo de hierbas, las cuales se verán afectadas por la subida del nivel del lago, y cuya descripción y ubicación no es especificada en el EIA.
En relación al traslado de personas y permuta de tierras, ENDESA identifica solo a 6 familias que se verán afectados debido al emplazamiento de las obras, a los cuales se les ofrece la entrega de un predio en el sector de Remeco, ubicado adyacente a la comunidad Juan Quintuman, en sectores más elevados y cordilleranos. Esto limitaría enormemente la productividad agrícola, debido a las fuertes heladas y condiciones climáticas poco adversas para actividades agrícolas y ganaderas, especialmente en los meses de invierno.
Sin embargo, esta compensación no contempla a las personas que tienen terrenos a orillas del lago y que serán afectados directos por las crecidas de su nivel una vez ejecutado el proyecto. Terrenos en los que existen viviendas, cabañas y sitios ocupados como interés turístico (camping), especialmente durante los meses de verano.
El proceso de información que ha llevado a cabo ENDESA para obtener la voluntad de los comuneros, ha estado marcado por la mera negociación individual, concentrándose en los dirigentes de la comunidad, obviando el carácter comunitario de una decisión de éste tipo, no entendiendo que los afectados por la inundación o la posible permuta de tierras no son solo unos cuantos, si no que el total de la comunidad se vería afectada con los trabajos de prospección y posterior funcionamiento de la central.
Actualmente existen familias que se han negado a dar los permisos para ingresar a sus predios para hacer los estudios, además de existir otras tantas a las cuales no se les ha dado una respuesta concreta respecto a la inundación de sus terrenos ubicados a orillas del lago. La visión de los detractores del proyecto, es que, éste no solo afecta a los perjudicados directos por los trabajos en sus terrenos, la permuta de tierras, las faenas, los caminos y las inundaciones, si no que el proyecto afectara a toda la comunidad en su conjunto, ya que “cuando uno vende su cultura, después uno nunca anda bien, ¿Pero nosotros a donde vamos a ir? Nosotros somos criados y nacidos aquí en esta tierra, ¿adónde vamos a estar mejor? (María Punulaf, 2009), “se va subir un metro más de agua, y el nguillatuwe y el cementerio se va a inundar. Aumenta las enfermedades, sobrepoblación de personas, campamentos de personas de afuera, y nos damos cuenta hoy día de esos detalles” (Erwin Punulaf, 2009).
Foto: Comunidad Inalafquen. Fuente: Felipe Hasen
Estas declaraciones dejan en evidencia algo que debe ser considerado por la empresa, en el marco de un posible proyecto hidroeléctrico en territorio mapuche. El hecho de que quien deba autorizar o dar consentimiento, para el traslado, permuta de tierras, faenas, estudios, y en última instancia la ejecución del proyecto, es la comunidad colectivamente considerada, y no cada uno en particular.
Dentro de la comunidad hay muchas personas que entienden que, abandonar sus tierras, inundar la pampa de nguillatuwe, contaminar el aire con las faenas de excavación, perder los lugares de extracción de hierbas medicinales o permitir la llegada de miles de personas externas a la comunidad, es mucho más que un problema de pérdida de terrenos usados para actividad productiva. Podemos observar como el territorio ancestral en su conjunto es aun un elemento vital para la sobrevivencia de su cultura, contrario a lo que muchos podrían pensar actualmente.
La visión territorial existente en las comunidades de la zona, va mucho más allá de la tierra como uso productivo, llegando a una explicación del entorno en términos completamente ecosistémicos, con implicancias concretas en el diario vivir de los individuos y de toda la comunidad.
Frente a esto, la empresa da respuestas claramente a contrasentido, en relación a la valoración de ventajas y perjuicios “calculables patrimonialmente”, presentado en su EIA. De ésta forma, frente a la caracterización y puesta en valor de cada daño previsto por la empresa, ésta oferta una medida de compensación o mitigación de perjuicios, según se valore por la misma, en base a cálculos estadísticos. Se transforma así, el proceso de Estudio de Impacto Ambiental impuesto por las normas vigentes, y el proceso de participación ciudadana impuesto por la empresa, en una distorsión de la realidad local, validada a nivel de instituciones públicas, debido a un desconocimiento por parte de éstos últimos, del real nivel de perjuicios observados por las propias comunidades.
Claramente los criterios con que se valoran o valúan las tierras y territorios por parte de las comunidades, no corresponden a un carácter puramente patrimonial y económico, como el que es utilizado por el mundo occidental en general, en especial el modelo de valoración comercial utilizado por la empresa ENDESA y las políticas de Estado, para quienes “el problema de los indígenas constituye un problema ambiental, y el problema ambiental, un problema de compensación económica” (Morales, 2008. En: Lillo Vera, s/f).
Una gestión integrada de los recursos hídricos, integrada con las comunidades, con la sociedad en su conjunto, con los ecosistemas, con los intereses económicos locales, no existe en este país. Y se hace sumamente necesario que las políticas públicas entiendan que la no puesta en consideración de esta relación va a lograr que Chile pague un alto precio, mientras las empresas sigan externalizando los costos (sociales, culturales y económicos) a la sociedad, e internalicen los beneficios a la propia empresa.
